En diálogo con Radio Con Vos, el funcionario resaltó que Formosa “tiene desde abril un sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia en el que las personas tenían que inscribirse y, una vez dentro de la provincia, realizarse un test de PCR y un aislamiento de 14 días”.
“La Corte Suprema dijo en su fallo que los inscriptos al 19 de noviembre tienen que entrar en el término de 15 días y así se hizo: 8.321 personas habían inscriptas en ese momento, de las cuales más de la mitad no tenía domicilio en Formosa, mientras que el resto, en muchos casos, no quisieron venir porque su situación ya había cambiado”, agregó.
González subrayó que, “por lo tanto, nunca existieron varados, sino personas que vivían en otras provincias y deseaban regresar a Formosa” y agregó que “fue una construcción mediática y era mentira y en la práctica se comprobó su falsedad”.
“Lo que nos pidió la Corte fue acelerar el proceso y lo hicimos, y cuando se le planteó un incumplimiento, la Corte dijo que Formosa había cumplido luego de que presentemos todas las pruebas”, enfatizó el ministro provincial.
González evaluó que “existe una gran discusión en la que hay una exacerbada defensa del derecho individual por encima de la defensa de la vida y la salud colectiva y, en ese duro equilibrio, hay posiciones ideológicas muy fuertes”.
En tanto, el senador nacional Luis Naidenoff dijo por el mismo medio que “el Gobierno de la provincia descree de la responsabilidad social e individual de los formoseños y apostó desde el primer momento de la crisis sanitaria al control social generando una política del miedo que le dio resultado, con la idea de cercar con una muralla a la provincia”.
Por otra parte, el diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR Formosa), junto a legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron hoy un proyecto para interpelar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para que informen públicamente respecto de la situación que viven los formoseños en centros de aislamiento”.
“En Formosa se están dando hechos gravísimos que no sólo está circunscripto al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos”, planteó Buryaile en el proyecto.
El proyecto de resolución sostiene que “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos” y estima que hoy en Formosa se está “viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”.
El exministro de Agroindustria afirmó que el sistema de ingresos a Formosa “dio lugar a incontables arbitrariedades” y consideró que “algunas de ellas fueron tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”.
Acompañan la iniciativa los diputados Brenda Austin, Alberto Asseff, Omar de Marchi, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Karina Banfi, Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Estela Regidor, Gabriela Lena, Luis Pastori, Jorge Vara, Gustavo Menna, Albor Cantard, Soledad Carrizo, Julio Sahiad, Martín Grande, Alcira Fregonese, Ximena García, Carmen Polledo, Roxana Reyes, Alejandro García, Alicia Terada, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Aída Ayala.
